Aureoles AMENAZÓ a la CNTE: “se están FABRICANDO expedientes, líderes serán detenidos”

29-10-15 ¡Alto a la represión; abajo el mal gobierno! ¡Viva las batallas de los maestros de la CNTE!

Gamaliel Guzmán Cruz, secretario de organización de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, declaró que en una reunión efectuada el fin de semana con el gobernador de la entidad, el perredista Silvano Aureoles, este les advirtió que como en Oaxaca, varios docentes serían detenidos, pues ya se estaban “fabricando” los expedientes por lo que, afirma, si algún profesor de la entidad es aprehendido, será por falsos cargos.

“En días pasados tuvimos una entrevista con el gobernador. Lo que él nos argumentó, es que en Oaxaca ya había detenidos -los cuatro compañeros de los que todos sabemos- y tenían delitos muy precisos pero acá en Michoacán, estaban fabricando apenas los delitos. La claridad que tenemos, es que nos van a acusar de muchas cosas, de muchos delitos, todos ellos fabricados, porque esas fueron las palabras del propio gobernador: ‘se están fabricando los expedientes para los líderes de la CNTE en Michoacán y para los normalistas’. En cualquier momento vamos a saber de qué se trata”, dijo el docente en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.

El recién llegado gobernador de Michoacán declaró este martes en entrevista del noticiario matutino de Televisa que había, por lo menos, 50 órdenes de aprehensión en contra de estudiantes normalistas y 28 más contra dirigentes de la Coordinadora, además informó que la Procuraduría General de la República (PGR) está dando seguimiento a los delitos del fuero federal.

La declaración a la que hace alusión Guzmán Cruz, se dio –según sus propios dichos- en el marco de una reunión en la que los profesores plantearon a Aureoles algunos “temas pendientes”; sin embargo, afirma, hasta ahora desconocen formalmente los delitos de los que se les acusa a ellos y a los estudiantes normalistas, aunque señala que estos señalamientos “son parte de una campaña que intenta atemorizarnos, amedrentarnos y que intenta que bajemos la lucha que tenemos en torno a la defensa de la educación pública y de nuestros derechos laborales”.

Guzmán Cruz recordó que cuando se dio la detención de los profesores oaxaqueños, también denunciaron que era parte de una estrategia para criminalizar su protesta, pues “hoy salir a la calle y cerrar algunas porque por ahí va a pasar la manifestación ya implica obstrucción a las vías de comunicación. Dentro de nuestras actividades, como acciones de protesta, que tenemos que recurrir a ellas, tenemos que hacer este tipo de acciones que ya son tipificadas como delitos”.

A pesar de esto, los integrantes de la Sección XVIII se la CNTE tienen plena certeza de que sus protestas no implican la comisión de delito alguno y subrayan que lo que hacen es defender su derecho a la libre manifestación.

El dirigente sindical informó que ninguno de los docentes michoacanos agremiados a la organización ha interpuesto ningún amparo para evitar ser aprehendidos, por lo que la ruta jurídica a seguir será analizada una vez que sean notificados por las dependencias correspondientes de los señalamientos esgrimidos por la PGR; sin embargo, aceptó que han alertado a sus compañeros sobre la situación que priva, pues además carecen de indicios sobre qué docentes podrían ser detenidos.

Gendarmería y amedrentamiento

Como parte de la estrategia de presión que los dirigentes de la Sección XVIII identifican en Michoacán, se incluyen las “voces críticas” de ciertos empresarios que han optado por dar declaraciones a los medios de comunicación en las que exigen al gobierno de la entidad poner un alto a las manifestaciones y que se utilice la fuerza pública para contenerlas.

A este escenario se suma la “militarización que se está generando con la llegada de 300 elementos de la Gendarmería que se suman a otros que ya estaban. Todo es parte de una estrategia que tienen para que los compañeros se atemoricen y acudan a presentar su evaluación, porque ha habido una resistencia muy importante”, sostiene Guzmán.

En las últimas semanas, las autoridades educativas han intentado notificar –por varios medios, que van desde correo electrónico, tradicional y a través de directivos y supervisores- a más de 6 mil 200 docentes para que acudan a ser evaluados; sin embargo, “se han mantenido firmes en no recibir los documentos para que no se complete el acto jurídico”, explicó el dirigente en entrevista con este medio.

Ante la negativa de los docentes michoacanos, las autoridades les han indicado que pueden ser evaluados sin necesidad de tener como antecedente la notificación, e inclusive han abierto la puerta para que participen en el proceso, docentes que no habían sido considerados.

En la última prórroga decretada por el gobierno federal -la cuarta en lo que va del proceso de evaluación- se les dice a los profesores que se presenten a la evaluación, aunque no hayan presentado las denominadas “evidencias”.

“La reforma no está avanzando en Michoacán y por eso están empleando todos los recursos que tienen a la mano: medios de comunicación, gendarmería; es decir, las fuerzas armadas y los empresarios queriéndose hacer pasar por la sociedad”, afirmó el líder sindical.

Según los datos de la misma CNTE, únicamente 300 profesores de la entidad han decidido acudir a la evaluación, aunque el gobierno federal dice que son más de mil 200.

“Dudamos mucho de esa cifra porque nosotros tenemos contacto con los compañeros y lo que nos dicen, es que hay una determinación de no acudir a presentar la evaluación y mucho menos a subir las evidencias. Es menos del 5% al que sí han notificado”, detalló Guzmán.

Ruta jurídica

Además de evaluar la ruta jurídica que la Sección XVIII de la Coordinadora implementará ante el amago del gobernador de Michoacán, hay otro proceso que impulsará de manera paralela: una demanda para exigir que no les sean descontados los días que han faltado a dar clase para salir a las calles a manifestarse, pues en la segunda quincena de octubre –a por lo menos 13 mil maestros- se les aplicó un descuento por “faltas injustificadas”.

“Estamos elaborando una demanda porque no tenemos precisión de cuál es el motivo (del descuento). Entendemos que puede ser por la movilización y paro de labores que tuvimos el día 12, pero esa es una parte. Estamos planteando acudir ante las instancias que imparten justicia, aunque ya nos resultan poco creíbles. Hemos presentado cientos de amparos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mantenido la misma dinámica que el gobierno de Peña Nieto; es decir, todo lo que presentamos, aún con argumentos, no es considerado”, dice Guzmán.

La demanda está encaminada a exigir que no se les aplique la ley “de manera retroactiva” y en su perjuicio, además de la exigencia de que les sean respetados los derechos laborales y de libre manifestación ya adquiridos, mismos que están consagrados en la propia Constitución.

Guzmán recordó que para poder buscar la intervención en el caso de organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el movimiento magisterial debe agotar todas las instancias nacionales, pues estos organismos no pueden recepcionar las demandas si los quejosos no acreditan haber agotado los instrumentos legales nacionales.

Informó que el magisterio y los normalistas han acordado coordinar sus acciones -aunque subrayó la autonomía de decisión de los estudiantes- por lo que el próximo 11 de noviembre realizarán una manifestación en la que además participarán padres de familia, estudiantes y otras organizaciones “como una muestra de que no estamos dispuestos a ceder ante este tipo de declaraciones. Que no sorprenda que en algún momento salgamos juntos”, advirtió el líder sindical. (Revolución3.0)

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