Necesaria y urgente, la refundación de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán requiere de una refundación en la que se participen directamente los pueblos indígenas. Sólo así volverá a ser un instrumento para que las comunidades tomen en sus propias manos su destino, es decir, caminen hacia la autonomía.

Mientras se anuncian acciones fragmentadas por parte de la nueva administración pública de Michoacán, con incidencia en la vida de los pueblos indígenas, por ejemplo, la propuesta de un programa de “boticas de medicina tradicional en cada uno de los 113 municipios” (Secretaría de Política Social), hace falta que se defina, primeramente, un nuevo modelo de desarrollo a ser impulsado en la entidad. El modelo, se considera, debe: a) procurar debida atención a la eliminación, integral, de los rezagos en la prestación de los servicios de salud rural comunitaria (prevención; primer y segundo nivel de atención), y la erradicación de las brechas educativas en todos los niveles; y b) contribuir, efectivamente, a materializar el derecho a una educación media superior y superior de calidad, así como cultural y lingüísticamente relevante.

También se afirma que la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán –a pesar de la severidad de sus problemas, exacerbados por los decretos de contrarreforma universitaria emitidos por Salvador Jara Guerrero, gobernador sustituto (2014-2015)–, es una institución clave para la realización profesional y ciudadana de los jóvenes indígenas, contribuyendo de esta manera al desarrollo humano y la gobernabilidad económica y medioambiental de sus regiones.

Se viven momentos difíciles en México y Michoacán, de riesgo e incertidumbre. Situaciones de conflicto permanente, violencia, inseguridad. Pobreza generalizada, marginación social, desigualdades. El acecho y las amenazas a las que se enfrentan las comunidades rurales e indígenas de la entidad no se acaban. Despojos y expulsiones de las mejores tierras; crisis derivadas de la explotación ilegal del bosque; focos rojos recurrentes de linderos en propiedades ejidales y de tenencia comunal.

El asalto sobre los territorios de las comunidades indígenas es más fuerte que nunca. Éstas enfrentan ahora las nuevas amenazas de la prospección y explotación de la biodiversidad en sus territorios comunales; de la privatización de sus tierras, además de la expropiación turística de sus manifestaciones histórico-culturales. La Noche de Muertos, Animechaeri Kéjtsïtakua, ceremonia nuestra, creativa y colectiva, sigue siendo apropiada irreverentemente por las agencias ecoturísticas públicas y privadas (nacionales y extranjeras), como política explícita del gobierno estatal.

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Una lucha renovada

México, y nuestros pueblos y comunidades rurales e indígenas, se encuentran en una encrucijada. La disyuntiva es la de saber elegir entre un modelo propio de desarrollo –el de la autonomía, la gobernabilidad y la reconstitución de los pueblos–, o el esquema que se nos ha impuesto desde siempre, del paternalismo, la burocracia, el individualismo y la erosión de la vida comunal.

Es por lo tanto el tiempo justo, ahora, para la definición de nuevas estrategias para conseguir un mayor control de nuestro destino como pueblos; el momento de construir la obra negra de aquellas estructuras institucionales indispensables para la organización realmente representativa de nuestras comunidades; de conseguir la necesaria autonomía de espacio, territorio, pensamiento y acción.

Junto con el sentido de “pertenencia” y los elementos valiosos de nuestras lenguas, culturas e historias, la autonomía indígena y la organización comunal son los puntales del anhelado bienestar y de la dignidad de nuestros pueblos y comunidades. Esta organización autónoma es el único patrimonio, verdaderamente perenne, que podemos heredar a nuestras futuras generaciones, a pesar de las dificultades de su aplicación práctica en los ámbitos comunal, municipal y nacional.

Esta autonomía se construye ejerciendo los elementos organizacionales, culturales y territoriales con los que se cuenta, “partiendo de lo que ya existe […] valores dignos de grande aprecio, es decir, sentido comunitario y de solidaridad, cohesión familiar; respeto a la naturaleza y al saber de los ancianos; rechazo a la corrupción; aprecio por aquellos que han servido al propio pueblo y son los que habrán de representarlo y gobernarlo” (León Portilla).

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Diez tareas imprescindibles

Las acciones aquí enlistadas –las cuales se empalman y se refuerzan mutuamente, como elementos de un todo en construcción–, serían componentes de un proceso tendiente a la reconstitución de los pueblos indígenas de México y Michoacán:

  1. Un nuevo pacto social Estado-pueblos indios, que fundamente la construcción de una nueva nación pluricultural y multilingüe. Una nación de naciones.
  2. Una nueva Constitución Política, a nivel federal, que garantice el ejercicio de los derechos legítimos como pueblos indios, incluyendo, fundamentalmente, la libre determinación, autonomía y tenencia comunal de tierras y territorios; y el control de nuestras riquezas naturales y patrimonio cultural.
  3. El establecimiento de autonomías regionales (plurales y diversas, en el lago de Pátzcuaro, la meseta purépecha y, según corresponda, en otras regiones del estado y del país), siendo ésta una práctica sociopolítica de autogestión, autodeterminación y autonomía a ser ejercida en juntas de gobierno, cabildos indios y asambleas comunales, a la vez que ordenada legalmente en “constituciones internas”.
  4. Un nuevo y consistente tercer nivel de gobierno que represente, ante las instituciones e instancias exteriores, los intereses de nuestras comunidades. Este nivel gubernamental consistiría en –y estaría delimitado por–: a) la agregación territorial de zonas geográficas con población predominantemente indígena; b) la suma organizacional de comunidades individuales (colindantes o separadas); y c) el ejercicio de las funciones de un nuevo tipo de “municipio” (diferente al municipio libre), regido y organizado bajo esquemas comunales de representación.
  5. Jurisdicción indígena, comprendiendo las áreas claves para la auténtica gobernabilidad y gestión local y regional: organización comunal interna; salud pública y medioambiental; educación y servicios sociales; gestión económica y de los bienes de todos; y comunicación y patrimonio cultural, además de procuración de justicia.
  6. Formalización de constituciones políticas internas, al poner por escrito, refrendar y poner en la práctica nuestras normas internas de gobierno y gestión. Éstas se basarían en nuestra percepción milenaria de la vida y la sociedad, y en los instrumentos y maneras de ejercer nuestros recursos colectivos: propiedad comunal de tierras, territorios y patrimonio cultural; asambleas comunales y de barrio; cumplimiento de cargos y responsabilidades sociales; y ejercicio extendido de relaciones sociales y familiares, entre otros.
  7. Organización de consejos de autoridades auténticos y legítimamente representativos de cada uno de los pueblos indígenas de una gran nación.
  8. Formulación de planes autónomos para el bienestar comunal, erradicando el obsoleto paradigma de los “pliegos petitorios”, las “audiencias”, las “ventanillas” y las “cartas de solicitud”. La gestión de los asuntos internos, en todos sus aspectos (económicos, sociales, políticos), se fundamenta en una “jurisdicción” indígena multisectorial, y en la toma de decisiones, formulación de planes y programas de inversión, así como el ejercicio pleno y directo de recursos y presupuestos, es decir, superando el mito-promesa de los “presupuestos participativos”.
  9. Organización de una alianza permanente de organizaciones sociales, incluyendo aquellas de profesionistas, académicos, estudiantes, artistas, comunicadores, en conjunto con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas. Esto según lo demandan nuestras realidades regionales, y como suma y resultado de nuevos esfuerzos colectivos de organización.
  10. Gestión autónoma de los aspectos culturales, científicos, de creación y comunicación. Esta acción final es con la intención de preservar la sabiduría de nuestros hombres y mujeres mayores, de enriquecer nuestro patrimonio cultural (físico, material, tangible e intangible), a fin de facilitar el surgimiento de un nuevo arte comunal y popular; gráfico, digital y, en todos los aspectos, manteniendo la propiedad intelectual en el ámbito interno de los pueblos y comunidades indígenas. Las manifestaciones de la cultura indígena, tangibles e intangibles, deben reapropiarse como lo que son, elementos de propiedad comunal, antes que “patrimonio de la humanidad”.

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Acciones de restructuración y reforma en Michoacán

Hace falta, en consecuencia, sentar las bases para la edificación de un paradigma distinto de promoción del desarrollo de los pueblos indios de México y Michoacán, comenzando con la participación real –efectiva– de representantes auténticos de los propios pueblos en el diseño y ejecución de los programas en las comunidades propias y distintivas.

Es en este contexto donde se tendrá que demostrar si el apoyo de la nueva administración estatal va a ser decidido –definitivo– para la erradicación de la pobreza y la desigualdad, como se comprometió el gobernador actual de Michoacán durante su campaña electoral.

Reestructuración institucional

Estas acciones directas incluyen, por necesidad, la reestructuración de la entidad gubernamental encargada de los asuntos de los pueblos indígenas: a) redefinir su papel con relación a las necesidades reales de los pueblos y comunidades para ser efectiva en su actuación y, por lo tanto, en la obtención de resultados medibles y verificables de desarrollo; b) poder responsabilizarse del diseño y ejecución de programas innovadores de inversión local (salud, educación, vivienda, recursos naturales, etcétera), a la vez que de facilitar la reconstitución y el ejercicio independiente de un consejo de autoridades, auténticamente representativo de las distintas regiones y pueblos indígenas de la entidad.

Por lo que resulte del Plan Integral de Desarrollo 2015-2021, sus acciones tendrían que ser realizadas con la garantía, de parte del Ejecutivo estatal, de que cualquiera de las medidas legislativas o administrativas que se decidan tomar, estén apegadas a nuestro derecho a la consulta “previa, libre e informada”. Así lo marcan los convenios internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reforma universitaria

Por otra parte, las acciones esperadas del Ejecutivo estatal también incluyen el propiciar que se realice, inaplazablemente, dentro de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán:

-Una reforma académica integral, incluyendo la redefinición de oferta educativa relevante.

-Un reordenamiento consistente, estructural y de gestión interna.

-Un rectorado de miras estratégicas, y de respeto académico, además de que el nombramiento de la persona idónea para ocupar el cargo surja de un proceso transparente de selección.

-La refundación, con autonomía, de esta institución cardinal.

A pesar de la severidad de sus problemas –exacerbados por los decretos de contrarreforma emitidos por el gobernador sustituto (2014-2015)–, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán es una institución clave para el progreso de las regiones y municipios. No puede continuar siendo una entidad educativa de segunda clase ni ser manejada por decreto, a modo y conveniencia.

En su carácter universitario y escolástico superior, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán debe consolidarse como una institución autónoma del pensar y del hacer, impulsando la movilidad social comprometida, el avance profesional responsable y la realización ciudadana comunal de los jóvenes indígenas de la entidad.

Invocación

Estas tareas podrán ser vastas y difíciles, sí, pero el futuro se construye aquí y ahora. México y, en particular, Michoacán, tienen grandes carencias. No podemos esperar el amanecer… Hay que ir a su encuentro. (Contralínea)

 

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