“Su delito es oponerse a una reforma que NO es educativa”: Violentan DDHH de Maestros en Oaxaca

Irregularidades en detención de maestros en Oaxaca; “su único delito es oponerse a una reforma que no es educativa”.

Abogados de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) denunciaron la serie de irregularidades en el proceso legal que enfrentan los cuatro profesores detenidos el pasado 28 y 29 de octubre en la ciudad de Oaxaca. Señalaron que desde su aprehensión, se ha dado la violación al debido proceso, además de violaciones a los derechos humanos en contra de los docentes disidentes.

En conferencia de prensa-donde también participaron los familiares de los profesores- aseguraron que la detención de los maestros: Roberto Abel Giménez García, Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez y Juan Carlos Orozco Matus, fue arbitraria. Acusaron que a más de un mes de la aprehensión y traslado de los docentes al penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya, las autoridades mantienen a los profesores incomunicados.

Mayen Arellanes, abogada integrante del área jurídica de la Sección XXII de la CNTE, detalló que los cuatros profesores fueron detenidos sin mostrarles orden de aprehensión. Añadió que los integrantes del magisterio fueron capturados por personas vestidas de civil fuertemente armadas.

En lo referente indicó que los responsables de la detención viajaban en vehículos no oficiales, sin logotipo que los identificara como parte de alguna corporación policiaca. Además, señaló, hubo uso excesivo de la fuerza.

“A dos de los profesores los sacaron de sus domicilios particulares, encañonándolos con armas largas, junto con testigos y familia presente”, detalló Arellanes.

La abogado manifestó que luego de la detención, los profesores estuvieron en calidad de desaparecidos durante 11 horas. Denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) mintió, pues en esos momentos aseguró no saber del paradero de los cuatro profesores.

“A pesar de que familia, amigos y abogados iniciamos la búsqueda de los profesores en la delegación de la PGR en Oaxaca, y en los ocho juzgadas de distrito de la ciudad, las instituciones negaron tenerlos. Sin embargo luego de 11 horas sin conocer su paradero, vimos un video que circuló en algunos medios y en redes sociales donde observamos a los profesores custodiados y trasladados por elementos de la Policía Federal como si fueran peligrosos delincuentes”, comentó.

Mayen Arellanes señaló que los familiares tardaron un par de días en poder ingresar al penal del Altiplano para visitar a los docentes detenidos, esto por la negativa de las autoridades.  Dijo que los familiares detectaron golpes en cuerpo y cara de los profesores.

“Hemos observado una serie de violaciones al debido proceso. Una de ellas es que los profesores declararon sin la presencia de un abogado de confianza y se les impuso un abogado de oficio. Tuvieron que pasar siete días para que los docentes pudieran entrevistarse con sus abogados; también el juez se tardó siete días en notificar a los detenidos por los cuales habían sido llevados a ese Centro”, apuntó.

La abogada criticó que a pesar de la existencia de la violación del debido proceso, el no respeto de los derechos humanos, y la “flagrante” detención arbitraria, se dictó auto de formal prisión a los profesores.

“Cabe mencionar que conforme pasan las semanas les notifican nuevas órdenes de aprehensión y surgen nuevos procesos en contra de los profesores. Pero no sólo en contra de los cuatro profesores, tenemos el caso de otros compañeros que forman parte de la dirección del Comité Ejecutivo de la Sección XXII que constantemente les aparecen de la nada proceso penales, aunque cuando pedimos información a la Procuraduría nos niega el dato y nos dice que no hay averiguaciones. Dentro de esto encontramos dos casos que nos preocupan: el de las profesoras María del Carmen López Vásquez y Norma Cruz Vásquez, acusadas de delitos que no cometieron”, apuntó.

Lamentó que el gobierno mexicano ha tomado una postura “autoritaria” para atender la problemática. Señaló que las detenciones de los maestros es la muestra que la administración peñanietista ha cancelado el diálogo y ha optado por la represión para “pasar” la reforma educativa.

“La embestida contra los cuatro profesores empezó de manera mediática, después política y ahora judicial. Pero esto  también en contra de la dirección de la sección XXII de Oaxaca y de la propia CNTE. Nos preocupa porque vemos que el gobierno ha optado por una salida autoritaria (…) La respuesta del gobierno ante esta compleja problemática es la represión, la criminalización, la judicialización de la protesta social, lejos de encontrar soluciones y voluntad política que resuelva de manera pacífica”, manifestó.

Detalló que a la fecha hay dos puntos en el panorama que preocupan de manera particular: el aislamiento en que tienen a los profesores, y la actuación del Consejo de la Judicatura Federal.

“Nos preocupa que si bien es cierto que días después de la detención se nos permitió a la defensa ingresar para poder estar asistiendo y entrevistándose con los cuatros profesores, y hasta el momento hoy, nuevamente, se les está prohibiendo, negando la entrada a los abogados para asistir a los profesores.

“También nos preocupa de manera importante el papel que está jugando el Consejo de la Judicatura Federal ya que en el momento de dictar los autos de formal prisión antes de notificarlos a la defensa o a los propios procesados-como debería ser- lo hace a través de un comunicado. Y pareciera que hoy está litigando en los medios de comunicación”, expuso.

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Persecución contra la Sección XXII

La abogada Arellanes señaló que hoy en día prácticamente todos los dirigentes de la Sección XXII de la CNTE cuentan con órdenes de aprehensión. Señaló que a pesar que la defensa ha buscado a la PGR para conocer cuántos profesores tienen orden de aprehensión, esta institución afirma que no exista tal. Sin embargo, “cuando menos lo esperamos ya está la orden de aprehensión”.

“Los procesos son los mismos, coinciden la mayoría, y no sólo contra los cuatro profesores que están en Almoloya, por lo menos 20 profesores de la Dirección del Comité Ejecutivo Seccional. Y de manera general los delitos son: robo de libros de texto gratuito, motín, daño en propiedad ajena, y contra el consumos y la riqueza nacional”.

Sobre el caso del profesor Roberto Abel Giménez, la defensora expuso que aunque fueran ciertos los cargos por los que fue detenido, estos atañen al fuero local, con lo que su estancia en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, no se entiende.

Ante las violaciones que se han presentado, el abogado detalló que se han presentado sendas solicitudes a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU para que intervengan en el tema.

“Se está violentando la presunción de inocencia de los maestros porque no hay una sentencia definitiva y están en un penal de máxima seguridad. Debieron ser internados en los centros de Oaxaca”, señaló.

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“No son delincuentes”

Guillermina Segura Pérez, es madre del profesor detenido en “El Altiplano”, Othón Nezariega Segura. Al participar en la conferencia aseguró que antes de ser detenido, tanto el docente como la familia sufrieron hostigamiento. Entre otras cosas detalló que los teléfonos fueron intervenidos “por un mando superior”, además de la presencia en su domicilio de personas desconocidas que merodeaban.

“Sufrimos hostigamiento antes de su detención. Llegaban personas vestidas de civil, pasaban, había camionetas en las esquinas. Inclusive la noche que lo detuvieron estuvo intervenido el teléfono; días despulpes nos habló un familiar y dijo que nuestro teléfono estaba intervenido. Dice mi familiar que había una voz grabada que decía que por el momento estaba restringido por órdenes superiores”, apuntó.

Por su parte, Beatriz Picazo Pérez, hermana del profesor, Efraín Picazo Pérez, señaló que en estos momentos las familias de los docentes se encuentran en incertidumbre. Al ser cuestionada por Revolución TRESPUNTOCERO sobre posibles casos de tortura contra los profesores dentro de la cárcel, Beatriz señaló que debido al aislamiento no conocen el estado de los maestros.

“Enfatizar que como familiares estamos en un momento de incertidumbre, de angustia, porque ha habido una etapa de incomunicación a más de un mes. Enfatizar que hasta el segundo día después de su detención pudimos entrar por única vez los familiares, pero desde ese momento hasta el día de hoy los familiares ni los abogados hemos podido entrar, a pesar que es su derechos”, concluyó.

Los familiares de los maestros exigieron al gobierno la libertad inmediata de los docentes ya que “no son delincuentes como lo han querido hacer pasar”. Reiteraron que los cargos parten de fabricaciones y que el encarcelamiento obedece a motivos políticos.  Señalaron que cada uno de los profesores detenidos cuenta con una larga carrera magisterial y un trabajo largo en aras de la defensa de la educación; “el único delito de los maestros es oponerse a una reforma que no es educativa”. (Revolución3.0)

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