En México sólo los ‘altos funcionarios’ tienen derecho a cobertura médica EFICAZ y LUJOSA

La cobertura médica es eficaz y lujosa… Sólo para altos funcionarios.

En México los servidores públicos se sirven con la cuchara grande cuando se trata de servicios de salud. A pesar que algunos deciden no aceptarlos, la mayoría goza de múltiples prestaciones, incluyendo seguros de gastos médicos, mayores, gastos menores y hasta un bono extraordinario por riesgo.

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El 26 de junio de 2015, Enrique Peña Nieto fue intervenido por un malestar en la vesícula biliar, la cual le fue extraída. El mandatario fue atendido en el Hospital Central Militar, puesto que tiene el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de México. Sin embargo pudo acudir a otro lugar, pues sus prestaciones incluyen seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizado, entre otras.

A pesar  que existe un Decreto de Austeridad desde 2012, que surgió con la idea de hacer más eficiente al servicio público y destinar recursos a sectores prioritarios, no se contempló la merma en cobertura médica.

En 2013, Enrique Peña Nieto tuvo un seguro médico por 22 mil 646 pesos, con posibilidad de ampliarlo. A eso se agrega su seguro de vida y la potenciación de éste con un “bono extraordinario de riesgo” de más de 380 mil pesos.

Los secretarios de Estado Miguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación, y Luis Videgaray Caso, de Hacienda y Crédito Público, tienen sueldos cercanos a los 200 mil pesos mensuales y seguros médicos por 333 días de su salario.

Una investigación periodística reveló que de 2012 a 2014 el gasto en ese rubro a nivel federal pasó de 2 mil 50 millones de pesos a 5 mil millones de pesos, sólo contando los seguros de las secretarías de Estado y al gabinete ampliado de Peña Nieto.

MetLife, Plan Seguro, S.A. de C.V., Prevem Seguros, S.A. de C.V., AXXA Seguros, Zurich, Seguros Atlas, INTER GLOBALI, entre otras, son las empresas que el Gobierno federal ha contratado para obtener sus servicios en México y el extranjero. De acuerdo con fichas del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).

En el caso de ministros, magistrados y juces, de 2012 a 2014 la bolsa para su cobertura médica privada fue de mil 666 millones de pesos. Los paquetes que se contrataron con Banorte Generali incluyeron ambulancia aérea, atención en el extranjero y operación de nariz, entre otros.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue la que más gastó, pues anualmente destinó más de 61 millones de pesos para seguro médico.

Por otra parte, el pasado noviembre, el Senado de la República dio a conocer que de marzo a diciembre de este año, la bolsa para los seguros de gastos médicos mayores de los legisladores y altos mandos fue de casi 13  millones de pesos, sin contar los impuestos.

Grupo Nacional Provincial SAB (GNP) fue la empresa ganadora del concurso para adjudicarse el contrato. En tanto, la Cámara de Diputados destinó más de 232 millones 335 mil pesos para los siguientes tres años que abarca la presente Legislatura.

En la Legislatura pasada, más de la mitad de los diputados hicieron uso de esta prestación. De acuerdo con una investigación publicada el pasado julio por SinEmbargo, un total de 303 de 500 diputados federales usaron el beneficio del seguro de gastos médicos mayores.

Pero no fueron los únicos que gozaron de esta prestación otorgada por el Estado mexicano. Hasta el mes de julio, 572 familiares (esposa, padres e hijos) de los diputados recibieron tratamiento médico, con cargo al presupuesto de la Cámara de Diputados, es decir del bolsillo de todos los mexicanos.

La suma asegurada básica tiene un rango de hasta un mil 500 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal, es decir 105 mil 150 pesos, con una cobertura adicional en el extranjero por otro tanto, cuya prima es cubierta por la Cámara de Diputados.

Los senadores de la República cuentan con una suma asegurada similar de hasta mil 500 salarios mínimos, es decir 105 mil 150 pesos. Para los servidores públicos de altos mandos en el Senado, el seguro de gastos médicos mayores va de 222 a 295 salarios mínimos, es decir de 15 mil 562 a 20 mil 679 pesos.

Una solicitud de información a la Cámara de Diputados con número de folio 1407/2015, detalló el número de beneficiados.

“De conformidad con los registros de las aseguradoras que han otorgado el servicio de seguro de gastos médicos mayores contratado por la Cámara de Diputados durante la LXII Legislatura, 303 legisladores en funciones y 572 dependientes han hecho uso del seguro de gastos médicos mayores”, detalla la solicitud.

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De acuerdo con la página electrónica de la Cámara de Diputados, el Comité de Administración ha celebrado contratos con las empresas Metlife México S.A. y Grupo Nacional Provincial S.A.B. Con la primera para asegurar a legisladores de la extinta LXI Legislatura y  los de la actual LXII Legislatura.

En la reciente Legislatura, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) renunciaron a estos beneficios, cuyo costo por toda la Cámara Baja se calcula en 160 millones de pesos anuales.

Incluso Rosario Robles Berlanga, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dijo en agosto que, de congruencia a la política de austeridad de Peña Nieto, dejó su seguro.

“Desde que llegué a Sedesol lo cubrí con mis recursos y así será en SEDATU”, publicó en Twitter Robles.

El  Presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, ha propuesto que los 128 legisladores renuncien a la prestación del seguro de gastos médicos menores equivalente a 15 millones de pesos, debido a que cada Senador tiene derecho a 20 mil pesos bimestrales, a pesar de su afiliación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de los servicios médicos de la Cámara alta.

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SEGURO DE HOMBRE CLAVE

El Presidente, secretarios de Estado, senadores, diputados, ministros de la Suprema Corte, consejeros electorales y otros altos funcionarios gozan de sueldos superiores a los de la monarquía española, sumando bonos, apoyos complementarios, compensaciones, seguro de vida, seguro de separación individualizado, seguro de gastos médicos mayores, estímulos, recompensas, aguinaldo y en algunos casos hasta el pago de horas extraordinarias, según estipulan los manuales de percepciones de cada área. Pero, además, tienen una prestación llamada “seguro de riesgo” que no tienen, incluso, algunos de los más altos ejecutivos del país.

Muchas empresas ofrecen paquetes que integran el seguro de daños de trabajo y el seguro de vida en un producto especializado, llamado seguro de hombre clave. Esta póliza está dirigida a grandes empresarios, pero en México integrantes de la élite política lo contratan.

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SPF) “el pago extraordinario por riesgo no es discrecional. Se sujeta a las reglas que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) respectivo, desde el año 2000. Este pago se autoriza año con año, de acuerdo con los criterios que establece la Cámara de Diputados en el propio presupuesto y a los lineamientos que emite la Secretaría de la Función Pública”.

En el propio presupuesto para este 2015 se estipula que la SFP se encargará de de evaluar la gravedad del riesgo y determinará el porcentaje del pago extraordinario en función del riesgo y, en su caso, autorizará el pago a quienes lo demanden.

Este beneficio es otorgado en función del tipo de actividad que desempeñe el funcionario, la información que maneja y los factores personales. En el caso de servidores de las fuerzas de Estado se contempla hasta 30 por ciento del sueldo base.

Los beneficiarios se contemplan en tres sectores, el primero comprende 11 dependencias: Presidencia de la República, Procuraduría General de la Republica (PGR), Policía Federal (PF), Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Instituto Nacional de Migración (INM), Secretaría de la Función Pública (SPF), Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

En el segundo grupo se encuentran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Y en el tercer grupo están las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

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Para evaluar el riesgo que según la administración pública enfrentan algunos burócratas, la Función Pública aplica una fórmula en la que define “factor de riesgo es igual a la exposición por la frecuencia por la incidencia entre 100”. Para este cálculo se incluyen las funciones, responsabilidades de los asegurados, su nivel jerárquico, la confidencialidad de la información que maneja, los riesgos que enfrenta en la dependencia donde labora, así como la ubicación de su residencia y de su oficina.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se especifica que la remuneración anual de algunos funcionarios públicos, por ejemplo, el jefe del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, se integra por un sueldo base mensual de 489 mil 192 pesos, al que se suman prestaciones como aportaciones a seguridad social, ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldo, gratificación de fin de año, ayuda para despensa, seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizado, a esto se suma el pago extraordinario por riesgo, regulado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Luis María Aguilar Morales, Magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), percibe más de 6 millones de pesos, integrada por sueldos y salarios, prestaciones y el pago por riesgo.

En 2012, los ingresos del entonces Rey Juan Carlos de España fueron por el equivalente de 441 mil 949 pesos al mes, mientras que los del entonces Príncipe Felipe eran de 220 mil 974 pesos mensuales, y la entonces Reina Sofía tenía un sueldo mensual de 141 mil 528 pesos al mes.

Todos esos son sueldos menores a los que reciben algunos servidores públicos mexicanos. (SinEmbargo)

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