LO ÚNICO QUE FALTABA: “La libre expresión crítica e independiente se convirtiera en delito”

El cinismo hecho ley.

En el país de la corrupción y la impunidad sólo faltaba que el derecho a la libre expresión crítica e independiente en los medios de comunicación se convirtiera en delito. Esta aberración jurídica –contraria a los derechos humanos y a la democracia– acaba de consumarse de manera encubierta tras el manto de la Ley Reglamentaria del Artículo 6° Constitucional en Materia del Derecho de Réplica que entró en vigor el 4 de diciembre.

Diseñado con argucia, el engendro legaloide se propone blindar contra el escrutinio periodístico a truhanes, aparentando proteger la honra de los ciudadanos frente al abuso de los medios. En realidad se trata de una forma de encubrimiento de quienes, abusando de su poder, convierten el cargo público y el erario en negocio privado y, además de permanecer impunes ante la justicia, pretenden ahora intimidar, silenciar y sancionar a sus críticos. El cinismo hecho ley.

México pertenece a la deshonrosa categoría de país “no libre” (not free), de acuerdo con el más reciente estudio de Freedom House (FH) sobre la libertad de prensa (2015), una investigación realizada con gran rigor metodológico en 199 naciones. En el Continente Americano sólo cinco de 35 países están clasificados como no libres: Cuba, Ecuador, Honduras, Venezuela y México. Las razones por las que FH califica a un Estado como no libre se sintetizan en tres puntos: a) Amenazas contra el periodismo independiente por parte de gobiernos que utilizan medios legales para controlar la información. b) Grupos armados que convierten al ejercicio periodístico en una actividad con riesgo de muerte. c) Dueños de medios de comunicación que manipulan la cobertura noticiosa para servir a intereses personales o partidarios.

La primera razón mencionada se ejemplifica claramente en el caso de la llamada Ley de Réplica, que es más bien una ley mordaza. Cito un elocuente fragmento de la conclusión del documento de FH, subtitulada Libertad de información como pilar de la democracia: “El acceso a la información sin restricciones –en materia de política, religión, corrupción y otros innumerables temas potencialmente delicados que tienen un impacto directo sobre la vida de la gente– es un pilar central de cualquier sociedad libre porque permite a los individuos evaluar todas esas cuestiones por sí mismos, no a través del filtro impuesto por quienes ocupan el poder. Ello faculta a los ciudadanos a demandar la rendición de cuentas de sus gobernantes” (p. 21).

Esa libertad es la que el gobierno de Enrique Peña Nieto, el PRI y sus aliados en el Congreso pretenden anular mediante la Ley de Réplica… La larga tradición autoritaria del país en materia de comunicación se ratifica ahora, con el aval del PAN. Es deplorable que el partido demócrata cristiano haya renunciado a sus principios, y de ser crítico del “PRI-gobierno” haya pasado a ser su cómplice en el intento por coartar la libertad de expresión y el derecho a la información. Al hacerlo, también contradice su discurso de combate a la corrupción, convirtiéndose en comparsa del tricolor en el fomento a la impunidad. No sorprende, en cambio, que después del desaguisado de la Casa Blanca y las relaciones peligrosas con los grupos Higa y OHL, o de la estrepitosa caída de la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa, entre tantos otros hallazgos periodísticos que han cimbrado a su gobierno, el mandatario haya borrado su compromiso con la libertad de expresión.

La Ley Reglamentaria del Artículo 6º de la Constitución en Materia del Derecho de Réplica contradice el espíritu de ese mandato, inspirado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene carácter vinculatorio para los Estados miembros de la ONU: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones; y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

En México, los gobiernos federal y estatales controlan la información emitida en la mayoría de los medios a través de diversos recursos que van desde la cooptación a cambio de publicidad oficial hasta la intimidación o el asesinato de periodistas, nunca aclarados por la justicia. Otro de los métodos de presión es la promulgación de leyes, como la de réplica, concebidas para coartar la libertad de expresión y el derecho a la información, así como el libre flujo de ideas y opiniones en los medios críticos e independientes, cuyo paradigma es Proceso. Por eso ha solicitado el amparo. Diestros en la simulación, los nostálgicos del autoritarismo quieren imponer un periodismo sometido al servicio del poder, no de la sociedad.

Los legisladores que aprobaron esa oprobiosa ley no fueron capaces de jerarquizar y conciliar dos derechos en conflicto: el de la libertad de expresión y el de réplica. Por el contrario, nuestros ilustres congresistas cancelaron o pusieron en grave riesgo el primero en supuesto beneficio del segundo. Ni ellos ni sus abundantes y onerosos asesores realizaron un ejercicio de derecho comparado para darse cuenta de que el correspondiente a la libertad de expresión tiene primacía sobre el de réplica. Por eso naciones como Estados Unidos o el Reino Unido se han resistido a introducir un explícito derecho de réplica en sus legislaciones. En los países europeos donde sí existe, se concibe para defender a los ciudadanos comunes que están en una situación de debilidad frente a quienes controlan los medios, no para dar una herramienta a los poderosos con el fin de amordazar y sancionar a quien ose criticarlos. Asimismo, el derecho de réplica se ejerce sólo contra informaciones factuales, no contra opiniones críticas.

Tengo la firme esperanza de que la Suprema Corte de Justicia declarará inconstitucional la Ley de Réplica, como se lo ha solicitado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Está en manos del tribunal constitucional revertir esa inadmisible regresión producto de la obstinación autoritaria, ratificar la defensa del derecho inalienable a la libertad de expresión –motor y condición de la política democrática– y reafirmar la autonomía e independencia del Poder Judicial. (Proceso)

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