¿Lucha contra el ‘Cambio Climático’?: En México, Gobierno y sus ‘Sicarios’ ATACAN a los Ambientalistas

Ambientalistas, vapuleados por autoridades, delincuentes y empresarios.

Los defensores del medio ambiente se han convertido cada vez más en blanco de ataques. Los perpetradores se encuentran tanto en el ámbito privado como en el público. Y es que hoy que todo se mercantiliza, que los dueños del dinero le han puesto precio a todo para poder comprarlo, resultan obstáculos para la depredación y el saqueo.

La semana pasada, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda), presentó su Segundo informe anual sobre ataques a personas defensoras ambientales. Los datos no dejan lugar a dudas. Por primera vez desde que se realiza el recuento, el número de agresiones en 1 año rebasó el ciento. La organización contabilizó 109.

México es uno de los 12 países de todo el mundo considerados megadiversos. Sólo este grupo de naciones posee la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas: casi el 70 por ciento de la diversidad mundial de especies. Desafortunadamente –como en el caso de los países petroleros de Oriente Medio donde la abundancia de hidrocarburos se ha convertido en una maldición– la codicia ha desatado una guerra en la que participan talamontes, traficantes de maderas preciosas, cárteles del narcotráfico, traficantes de minerales, policías, militares, guardias blancas… Y las comunidades son las que padecen el despojo y la violencia.

Gran parte de las zonas de valor ambiental del país se encuentran dentro de los territorios de las miles de comunidades pertenecientes a los –al menos– 66 pueblos, tribus y naciones indígenas. Por cientos, acaso miles de años estas comunidades preservaron su entorno y mantuvieron relaciones de respeto con la Madre Tierra.

Otra amenaza menos visible, pero igualmente violenta es la de los empresarios filántropos que hoy abundan. Ellos propalan la versión de que para proteger los ecosistemas, estos deben ser arrebatados a las comunidades indígenas y deben ser privatizados. Según esta visión, los depredadores son los pueblos que guardan con el monte, el firmamento, el agua y la siembra o la caza una relación espiritual. Ahora resulta que los grandes capitalistas no son los depredadores del medio ambiente, que están a punto de infringir al planeta un daño irreversible, sino los salvadores de los ecosistemas.

Por ello los defensores ambientales que realizan su labor desde las comunidades indígenas, campesinas y forestales –o junto con ellas– se han convertido en un estorbo para quienes han puesto precios a los árboles, los ríos, los animales y las plantas.

El registro que ha llevado el Cemda desde 2010 muestra una tendencia creciente y preocupante: en 2010 se registraron 10 ataques; en 2011, 16; en 2012, 23 ataques; para 2013 se contabilizaron 53 ataques y durante 2014 el registro aumentó a 87 casos. Y para 2015, 109.

La entidad federativa con mayor número de casos es Sonora, con 16 agresiones (donde las valientes tribus yaqui o yoeme y mayo o yoreme actualmente libran una lucha por la preservación de su territorio y su agua); le sigue Oaxaca con 13 casos y el Estado de México con 12; Guerrero con nueve casos; Chiapas, Chihuahua, Colima y Puebla con ocho casos cada una; el Distrito Federal (donde alrededor del 50 por ciento del territorio es rural o forestal, propiedad de pueblos originarios) con seis, y Morelos con cinco casos; Veracruz con cuatro casos; Sinaloa con tres; Michoacán con dos; Baja California Sur, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Yucatán y Tlaxcala con un caso.

“En 2015 se registraron 109 ataques contra defensores ambientales. Entre las víctimas, 130 personas, 21 comunidades y 17 organizaciones civiles”

 

De acuerdo con el informe, las víctimas de los 109 ataques fueron 130 personas en lo individual, 21 comunidades y 17 organizaciones no gubernamentales. En cuanto a las personas víctimas, se trata principalmente líderes comunitarios y de integrantes de grupos que se manifestaban en diversos momentos contra megaproyectos.

Los 109 ataques registrados en el año tuvieron como causa la oposición a megaproyectos que despojan a las comunidades y dañan o destruyen el medio ambiente. Fueron 27 casos relacionados con proyectos de agua, 16 hidroeléctricos, 13 mineros, 11 inmobiliarios, 10 casos en temas de tierra (despojo), ocho proyectos eólicos, siete de infraestructura (principalmente carreteras), cinco de actividades relacionadas con hidrocarburos, cuatro casos donde la reclamación es meramente ambiental, tres sobre proyectos turísticos, dos sobre contaminación, dos sobre proyectos forestales, y uno sobre una termoeléctrica.

Las agresiones van de las amenazas (personales, telefónicas o electrónicas) a las agresiones físicas (personales o en grupo) y asesinatos (11 casos); pero también incluyen casos de enjuiciamiento arbitrario, detenciones ilegales, difamación y uso indebido de la fuerza.

Varios líderes comunitarios han padecido la criminalización por defender la propiedad comunal y el medio ambiente. Sólo por citar algunos ejemplos, tenemos las detenciones y el encarcelamiento injusto que padecieron los integrantes de la tribu yaqui Mario Luna y Fernando Jiménez; los opositores de un proyecto turístico en Cholula, Puebla, así como la detención de Marco Antonio Suastegui, líder opositor a la construcción de la presa La Parota en Guerrero.

Con respecto de los perpetradores, el Cemda señala que en 49 casos no se ha podido identificar a los autores de los ataques; en 37 participaron autoridades de alguno de los tres niveles de gobierno; en 13 estuvieron involucrados miembros de la comunidad (generalmente por personas a favor del proyecto); en siete los autores fueron personas relacionadas con la empresa promovente del proyecto, y en tres casos el agresor fue identificado como persona ligada a la delincuencia. (Contralínea)

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