Las Masacres Extra-Judiciales: PRUEBAS IRREFUTABLES para llevar a la cárcel a EPN y cómplices

“De la ‘contra-insurgencia’ a la guerra ‘contra’ el Narco”, Masacres EXTRAJUDICIALES en México:

En los últimos años, la crisis de violencia y graves violaciones a los derechos humanos que vivimos en México se ha caracterizado por un escenario donde las bandas de la delincuencia organizada se disputan los territorios para sus actividades ilícitas. En el relato que se maneja desde la narrativa oficial, hay una “guerra contra el narcotráfico” en la que se oponen, en bandos opuestos y perfectamente distinguibles, el Estado y los grupos criminales. En realidad, lo que muestran casos como Ayotzinapa es que en México la alta impunidad en las violaciones a los derechos humanos se sostiene por la connivencia entre el Estado y los grupos delincuenciales, sobre todo en las zonas donde la línea que debería dividirlos no se distingue y en las que las autoridades formalmente electas “trabajan” para asegurar la operación de los cárteles criminales. Estos circuitos de la macrodelincuencia –que no se explican solamente a nivel municipal, pues resulta indispensable la complicidad a niveles estatal y federal– muestran el profundo vínculo que existe hoy entre la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Este esquema macrodelincuencial, hoy por hoy, genera miles de víctimas por toda la geografía mexicana. Medios de comunicación, centros de investigación, organizaciones civiles y miles de voces de ciudadanos comunes dan cuenta de la plaga de ejecutados, desaparecidos, torturados, extorsionados y secuestrados que asola regiones cada vez más extensas del país. El Estado, lamentablemente, no está respondiendo a la altura del problema. Las pocas investigaciones conocidas sobre los casos más paradigmáticos no profundizan en estos esquemas y evaden las responsabilidades oficiales. Como mucho, y usualmente tras un arduo trabajo de denuncia pública, se logra enjuiciar a servidores públicos de rangos inferiores, aun cuando sean evidentes las complicidades a niveles más altos. En este contexto, el Centro Prodh pide y trabaja para que esta perspectiva sea involucrada, tanto en casos específicos como en las discusiones más estructurales que se dan alrededor de las iniciativas sobre la Ley contra la Desaparición Forzada y la relativa a la creación de una Fiscalía General del Estado. Insistimos: no se podrá avanzar hacia la verdad y la justicia para los miles de personas afectadas mientras los ojos estén cerrados ante este círculo criminal.

1968 | MATANZA DE TLATELOLCO

El 2 de octubre de 1968, elementos del grupo paramilitar Batallón Olimpia, de la Dirección Federal de Seguridad (dfs) y del Ejército abrieron fuego contra una manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas. La información oficial habla de 20 muertos, mientras que periodistas calcularon hasta 300. No hay ningún culpable encarcelado por la masacre. La Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) consideró responsable al expresidente Gustavo Díaz Ordaz, ya fallecido. En 2005, un juez ordenó el arresto domiciliario de Luis Echeverría, pero un magistrado lo exoneró en 2009.

1971 | JUEVES DE CORPUS

El 10 de junio de 1971, una manifestación estudiantil fue atacada por el grupo paramilitar “Los Halcones” con armas blancas y de fuego. Murieron cerca de 120 jóvenes. El gobierno dijo que se trató de un enfrentamiento entre estudiantes, pero la evidencia periodística lo desmintió. Ningún responsable fue llevado ante la justicia. Imputado por la Femospp, el 29 de noviembre de 2006 se dictó formal prisión a Luis Echeverría Álvarez; sin embargo, en 2009 fue exonerado.

1995 | AGUAS BLANCAS, GUERRERO

El 28 de junio de 1995, cerca de 400 elementos de la Policía Motorizada de Guerrero abrieron fuego en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, contra integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Murieron 17 personas y 21 resultaron heridas. En abril de 1996, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) apuntó como responsables de las graves violaciones a derechos humanos al exgobernador Rubén Figueroa, a su secretario de Gobierno y a su procurador de Justicia. La cidh demandó en febrero de 1998 ejercer acciones legales. El caso fue reabierto en 2004 sin mayores avances.

1997 | ACTEAL, CHIAPAS

El 22 de diciembre de 1997, en Acteal, municipio de Chenalhó, paramilitares del grupo Máscara Roja atacaron durante siete horas –a 200 metros de un retén policiaco– a tzotziles de la organización “Las Abejas”; murieron 45 mujeres, niños, niñas y ancianos. El gobierno argumentó que se trató de un conflicto intracomunitario. Los autores materiales fueron liberados; solamente dos permanecen en prisión. Las autoridades no han deslindado responsabilidades del entonces presidente Ernesto Zedillo, de altos funcionarios del gobierno de Chiapas y de mandos militares. El caso fue admitido en la cidh en el 2010.

1998 | EL CHARCO, GUERRERO

El 7 de junio de 1998, en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, soldados atacaron a indígenas naa’savi y estudiantes que acudieron a una asamblea. Murieron 11 personas, 5 fueron heridas y 22 detenidas, que luego fueron absueltas. Las autoridades sostuvieron que fue un enfrentamiento con guerrilleros. Las víctimas acusaron ejecuciones arbitrarias y torturas y una sobreviviente presentó denuncia formal, pero nunca se abrió una averiguación. La cndh emitió una recomendación en la que no responsabilizó a los militares. El caso ingresó en 2012 ante la cidh.

2014 | TLATLAYA, EDOMEX

La madrugada del 30 de junio de 2014, tras un breve enfrentamiento con elementos del 102 Batallón de Infantería del Ejército, un grupo de civiles se rindió; los militares los interrogaron y luego les dispararon. Murieron 22 personas, de las cuales la cndh reconoce a 15 como víctimas de ejecución arbitraria, y la pgr sólo a 8. Tres sobrevivientes fueron víctimas de tortura, malos tratos e intimidación para auto inculparse de integrar una organización delictiva y para no hablar de lo que vieron. Las autoridades dijeron que fue un enfrentamiento fortuito, pero tras la aparición de evidencia periodística se vieron obligados a recular. La pgr inició una investigación tres meses después de la masacre pero el fuero militar condujo su propia indagatoria.

2015 | APATZINGÁN, MICHOACÁN

En Apatzingán, la madrugada del 6 de enero de 2015, 16 personas murieron en dos acciones de policías federales. La versión oficial fue que hubo un desalojo y fuego amigo entre un grupo de autodefensas, aunque después alegó que fue legítima defensa de los policías; la versión de las víctimas y de una investigación periodística es que hubo ejecuciones arbitrarias contra civiles desarmados. La Secretaría de Gobernación anunció que la pgr y la Policía Federal (pf) indagarían lo ocurrido. La cndh emitió una recomendación por uso excesivo de la fuerza y ejecución extrajudicial.

2015 | TANHUATO, MICHOACÁN

El 22 de mayo de 2015, 42 civiles y un policía federal murieron tras un operativo en un rancho donde presuntamente tenía su base una célula del crimen organizado. Las autoridades dijeron que se trató de un enfrentamiento con delincuentes. Sin embargo, materiales fotográficos y testimonios apuntan hacia tortura y ejecuciones arbitrarias, además de manipulación de la escena y siembra de armas. La cndh inició una investigación.

2015 | LA CALERA, ZACATECAS

El 7 de julio de 2015 en Calera, Zacatecas, elementos del 97 Batallón de Infantería de la 11 Zona Militar sacaron de sus hogares a cinco hombres y dos mujeres, que estuvieron desaparecidos hasta que sus cadáveres fueron encontrados once días después con huellas de tortura y con tiro de gracia. Las autoridades estatales señalaron que las víctimas eran delincuentes y el Ejército reconoció “indicios” de la participación de sus elementos en la masacre. La pgr atrajo la investigación y, paralelamente, la Procuraduría de Justicia Militar sometió a proceso a cuatro elementos castrenses.

México no ha finiquitado la deuda que tiene con las víctimas, los familiares y la sociedad, que deben conocer la verdad de lo ocurrido en las décadas de los setenta y ochenta, cuando se hizo general y sistemático el terrorismo de Estado contra los movimientos sociales. Por esto resultó tan gravosa la introducción del concepto “archivos históricos confidenciales” en la Ley Federal de Archivos de 20121 , así como el cierre de la Galería 1 del Archivo General de la Nación, en la que se ubican los registros de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Los problemas estructurales expuestos por la masacre de Tlatlaya y por la barbarie de Iguala siguen repercutiendo en cruentas violaciones a derechos humanos. Así lo demuestran el posible uso desproporcionado de la fuerza en Tanhuato y Apatzingán, en hechos que dejaron decenas de víctimas civiles, así como la participación del Ejército en la desaparición y ejecución de siete personas en La Calera y en la privación arbitraria de la vida de un niño en Aquila.

MEM (1)

Las personas migrantes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y discriminación en su tránsito por México. No existen aquí políticas públicas que respondan a sus necesidades; por el contrario, se les invisibiliza, lo que ocasiona que con mayor facilidad sean víctimas de asaltos, secuestros, violaciones, ejecuciones y desapariciones forzadas.

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